Después de
que Escocia votase a favor de la permanencia en la UE (62% contra 38%) en el referéndum del pasado
23 de junio, el gobierno de Edimburgo ha dicho que un
segundo referéndum sobre la independencia de Escocia es "altamente probable
porque ha habido un cambio de circunstancias en relación a la consulta del
2014".
Así pues, la ministra principal Nicola Sturgeon ha marcado cinco líneas
rojas para compatibilizar el Brexit con la protección de los intereses
escoceses y la
relación de Escocia con la Unión Europe. En
primer lugar, "la necesidad de asegurarse que la voz de Escocia sea
oída en la UE y los deseos de sus ciudadanos sean respetados". El segundo
punto se extiende a "los intereses económicos" y enlaza con el
mercado común. Nicola Sturgeon quiere
"garantizar la libre circulación de trabajadores, el libre
acceso al mercado común de 500 millones de personas y la financiación de la que
dependen nuestras universidades y nuestra agricultura". El tercer punto se
refiere a la protección laboral y en un sentido más amplio a los derechos
humanos. El cuarto punto trata de la solidaridad y consiste en "la capacidad de
Escocia de relacionarse como nación independiente con otras para beneficiar a
todos los ciudadanos en
aspectos como el de atajar la criminalidad y el terrorismo y encararse a retos
globales como el cambio climático". Y como quinta y última línea roja,
Sturgeon ha dicho que "debemos asegurarnos de
que las reglas del mercado común no están únicamente para ser cumplidas,
sino que debemos moldearlas y para ello necesitamos tener una voz en los entes
de decisión".
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