Mikel Legarda, portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV, ha asegurado hoy que la medida policial por la que el Gobierno español ha desplazado numerosos efectivos de Policía y Guardia Civil a Catalunya en cometidos de orden público y que sea el Ministerio quien dirija a los Mossos es “inconstitucional e ilegal” y ha acusado también a la Fiscalía de “hacer trampa legal y constitucional”.
En la sesión de control, en una pregunta dirigida al Ministro del Interior, Legarda ha asegurado que la aplicación de los artículos 38 y 42 de la Ley de Fuerzas y Cuerpos, a la que apela el Gobierno español para defenderuna intervención directa de Guardia Civil y Policía fuera de sus competencias en Catalunya, y que sea el Ministerio quien dirija a los Mossos, “no es aplicable en Catalunya”. Tal y como ha explicado el diputado jeltzale, “lo era con el Estatut del 79, pero no lo es con el de 2006”, en virtud de la Disposición Final Segunda de la Ley de Fuerzas y Cuerpos.
Legarda, además, ha señalado que el artículo 164 del vigente Estatut “no habilita la aplicación en Catalunya de esos artículos de la Ley de Fuerzas y Cuerpos” y ha añadido que en Euskadi “tampoco son de aplicación desde el principio”.
Por ello, Legarda ha insistido en que “no se puede apelar a la Ley de Fuerzas y Cuerpos para movilizar en Catalunya a Policía y Guardia Civil en cometidos de orden público y para dirigir a los Mossos. Ustedes incumplen la ley que dicen defender”, ha criticado.
Fuente: Deia
EAJ-PNV celebró el domingo el Alderdi Eguna en las campas de Foronda, a una semana del referéndum de independencia catalán. Inevitablemente, la cuestión catalana centró buena parte de los discursos. Los jeltzales defienden una vía vasca propia para Euskadi, pero al mismo tiempo muestran su solidaridad hacia los catalanes y defienden su derecho a decidir. En presencia del responsable de Relaciones Externas del PDeCAT, Jordi Xuclà, los jeltzales aseguraron que las instituciones catalanas están legitimadas para llamar a la sociedad a las urnas. Invocaron expresamente los modelos pactados para ejercer el derecho a decidir en Escocia y Quebec, como tirón de orejas a España por no permitir la votación y obligar a los catalanes a actuar unilateralmente. El presidente de EAJ-PNV, Andoni Ortuzar, ofreció la intermediación de su partido y su capacidad de interlocución con el Gobierno español para lograr una solución democrática para Catalunya.
Ortuzar criticó la vía policial y la mano dura de Madrid contra el referéndum. “Lo que allí está pasando es una barbaridad democrática y una torpeza política”, dijo, para añadir después que “Catalunya, como Euskadi, es una nación que tiene derechos políticos;el pueblo catalán tiene que tener capacidad de decidir su futuro, y las instituciones catalanas están legitimadas para llamar a su sociedad a las urnas”. Ortuzar aseguró que la comunicación con Catalunya es permanente. “Saben que nos tienen a su disposición para ayudar, para buscar una solución justa, democrática y catalana a la demanda de poder decidir libremente su futuro como nación”, recalcó.
Asimismo, ofreció ayer a los catalanes su capacidad de interlocución. “Toda nuestra capacidad de acción política, todas nuestras posibilidades de influencia, de intermediación... las ponemos desde ya para lograr esa solución justa y democrática para Catalunya. Amigo Jordi (a Xuclà): este es el mensaje que quiero que lleves al president Puigdemont y a las instituciones catalanas y, por supuesto, a nuestro partido hermano, al PDeCAT. Estamos con vosotros. Nosotros queremos que pase lo que la sociedad catalana decida libremente que deba pasar. Votar nunca puede ser un problema. El problema no es dejar votar. Esa es nuestra posición y eso es lo que debe entender Madrid”, defendió.
Fuente: Deia
El Gobierno español dio un salto cualitativo esta semana asaltando numerosas dependencias de la Generalitat, a través de la Guardia Civil, y deteniendo a Josep Maria Jové, secretario general de Economía de la Generalitat de Catalunya y ‘número dos’ del vicepresidente Oriol Junqueras. En concreto, fueron asaltados el Departamento de Economía, la sede del Instituto Catalán de Finanzas, la sede de los Departamentos de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, Exteriores y Gobernación, mientras continúan abiertas las operaciones policiales para reprimir el derecho a decidir.
La consellera de la Generalitat, Dolors Bassa, publicó un tuit en el que aseguraba que Catalunya está “en un estado de asedio”, mientras que cientos de catalanes se alzaban a la calle para tratar de frenar el asedio por la fuerza del Gobierno español. Los diputados de ERC abandonaron el pleno del Congreso en señal de protesta.
Fuente: Orain
La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en “cerca de un millón” de personas la asistencia a la manifestación de este lunes en Barcelona para conmemorar la Diada y cuyo eje fundamental ha sido la reclamación de los ciudadanos de poder votar libremente el próximo 1 de octubre.
Lo ha dicho vía Twitter, y también se ha hecho eco de este cálculo de la Guardia Urbana el presidente de la ANC, Jordi Sànchez, durante el acto central de la manifestación en la plaza Catalunya: “Hemos vuelto a desbordarlo todo”.
Sànchez ha agradecido la participación masiva de los catalanes, y ha asegurado que la cifra de asistencia demuestra que los ciudadanos “quieren votar y van a hacerlo” en el referéndum del 1 de octubre.
Fuente: Orain
Un día después de aprobar la Ley del Referéndum y la Sindicatura Electoral del 1-O, el Parlament de Catalunya, aprobó con los votos a favor de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP, la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República de Catalunya, que prevé convertir Cataluny en una república independiente.
La ley solo entrará en vigor si se celebra el referéndum convocado para el 1 de octubre y gana el 'sí' a la independencia, y serviría para crear el marco jurídico de una Catalunya independiente.
La ley contó con el apoyo de 71 votos de JxSí y la CUP, mientras que Catalunya Si Que Es Pot votó en contra. El resto de los grupos parlamentarios se ausentaron del hemiciclo, tal y como hicieron con la votación de la Ley del Referéndum.
El Parlament de Catalunya, con el apoyo de Junts pel Sí (JxSí) y la CUP y en ausencia de los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PPC, ha aprobado esta noche la ley del referéndum, para amparar la votación anunciada para el 1 de octubre.
La ley ha obtenido 72 votos a favor de los grupos independentistas de JxSí y la CUP, y del diputado no adscrito, Germà Gordó, ninguno en contra y 11 abstenciones de Catalunya Sí Que Es Pot, mientras que los diputados de Ciudadanos, el PSC y el PPC han abandonado el hemiciclo antes de la votación y tras dejar varias banderas catalanas y españolas en sus escaños.
El líder de JxSí, Lluís Corominas, ha defendido la aprobación de la ley: "Hoy no termina nada, hoy empieza todo", y ha asegurado que organizar este referéndum está amparado por los derechos humanos y por los derechos fundamentales de los pueblos.
La diputada de la CUP Anna Gabriel ha defendido que, con la aprobación de la norma, Catalunya pasa de la autonomía a la soberanía, y ha puesto en manos del Govern la responsabilidad de culminar el trabajo: "Si asumís vuestra responsabilidad, no tengáis duda de que la gente asumirá la suya yendo a votar".
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el resto de miembros del Govern han firmado a las 23:35 horas el decreto de convocatoria del referéndum del 1 de octubre, y otro de medidas complementarias. Tras la firma de la misma, Puigdemont ha asegurado que "defenderá hasta el final" el derecho a decidir de Catalunya y ha hecho un llamamiento a los catalanes a votar en el referéndum del 1 de octubre cuyo resultado "vinculará" al Govern. "La decisión de los ciudadanos nos vinculará, no puede ser de otra manera, y defenderemos hasta final el derecho de todos los catalanes a votar, decidir y a ser ellos los que determinen su futuro. Catalunya decidirá democráticamente su futuro el 1 de octubre", ha destacado el president.
Por su parte, el presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha ordenado a la Abogacía del Estado que pida al Tribunal Constitucional que paralice la tramitación del proyecto de ley de referéndum en el Parlament catalán, solicitada por la mayoría absoluta de la Cámara catalana, y que se actúe contra la presidenta de la Cámara legislativa regional, Carme Forcadell, por la posible comisión de un delito penal, así como contra los miembros de la Mesa del Parlamento que hayan votado a favor de la tramitación de la citada norma.
Fuentes: Eitb, Navarra Orain
